22 abril, 2012

Notificaciones Judiciales en Condominios

Es imperativo que haya en los manuales de seguridad un protocolo para este tipo de situaciones.
La primera cara del Condominio es siempre la seguridad y es a este personal al que le toca enfrentar situaciones difíciles como impedir el ingreso a familiares residentes o antiguas parejas por orden en un condómino propietario, impedir la salida de objetos sin su debida autorización o bien recibir notificaciones de procesos judiciales.
La Administración, en caso de llegada de un notificador o alguna autoridad administrativa, debe resguardar la seguridad del área común y del resto de los propietarios, es decir, que se está la autoridad debidamente identificada, no debería impedirle su trabajo.
Sin embargo la realidad es otra y sí se espera de la Administración que resguarde lo que para algunos condóminos entraría dentro del término privacidad. Adicionalmente, la vigilancia del Condominio se delega en compañías especializadas en esta materia, lo que da como resultado que la Administración no se encargue usualmente de enfrentar a las autoridades, aunque lo que suceda será su responsabilidad. Es por esto que debe tener un protocolo de manejo de este tipo de situaciones.
La Ley de Notificaciones Judiciales (8687) contempla el caso que se aplica a los condominios que es: “ARTÍCULO 4.- Entrega de la cédula: La notificación será entregada a cualquier persona que aparente ser mayor de quince años. Cuando se trate de zonas o edificaciones de acceso restringido, exclusivamente para efectos de practicar la notificación judicial al destinatario, la resolución ordenará permitir el ingreso del funcionario notificador; si el ingreso fuera impedido, se tendrá por válida la notificación practicada a la persona encargada de regular la entrada.(...)”.
En esas circunstancias el notificador, si tiene la habilitación del juez en la resolución, se le debe permitir su ingreso. Si carece de ella y se le impide su ingreso, puede notificar a la persona que regula la entrada.
Más adelante el mismo artículo indica “En el acta se hará constar la entrega de la cédula y el nombre de la persona que la recibe, quien firmará con el notificador. Si no sabe, no quiere o no puede firmar, el funcionario o la persona autorizada consignará esa circunstancia bajo su responsabilidad.(...)”
La persona que recibe el documento, en este caso el oficial de seguridad tiene la opción de firmar la cédula de notificación o de no hacerlo, pues en ambos casos el notificador puede hacer constar su entrega con lo que se realiza válidamente la notificación.
Uno de los elementos centrales es la posibilidad para el notificador de tener certeza de que la persona que busca vive realmente en el Condominio.
Un caso paradigmático se da en la sentencia del Tribunal I Civil de San José (608-2006), referida en una guía práctica de notificaciones judiciales editada por el Poder Judicial, en donde el oficial le indicó al notificador que la señora no le había dado autorización de recibir la notificación, por lo que el notificado procedió a dejarla con el oficial, dejando constancia de que se negó a firmar, y la notificación fue válida. Este caso reúne todos los ejemplos.
La mejor forma de proceder es que se siga el protocolo de ingreso de visitas, dando la información de quién lo busca, y si éste no permite la entrada, así debe indicarse al notificador, quien decidirá si deja la notificación o no lo hace. Debe instruirse expresamente que en ningún caso, aún con la anuencia del destinatario de la notificación, el oficial debe firmar. Esta firma lo vincula a un proceso relativo a la vida privada del condómino que es ajeno a la administración, la seguridad y al condominio.
Si el documento no es dejado, este hecho sin duda debe constar en la bitácora del puesto. Si es dejado, además de reseñarlo en la bitácora, debe procurar su entrega (con un recibido o con testigos en su defecto) al destinatario, lo antes posible.
Como puede verse, si se siguen los protocolos de anuncio e ingreso de visitas, y de traslado y entrega de documentos recibidos, y todo esto consta como obligaciones contractuales de la seguridad, no debería haber ningún problema.

12 abril, 2012

Sobre el Impuesto a las Personas Jurídicas

Es muy grande la cantidad de condóminos con sociedad y deben saber con certeza qué hacer.
En estos días se está hablando mucho del Impuesto a las Personas Jurídicas (ley 9024), y a pesar de que la voracidad fiscal nunca cesa, con el aparente fallecimiento del Plan Fiscal, de momento su única boca es este Impuesto y de seguro la van a querer usar. El Registro finalmente publicó la tan ansiada Reglamentación y aunque podría variar ligeramente durante su práctica, de seguido les brindamos once puntos esenciales y sencillos según los textos:
1.- TARIFA: La tarifa anual del Impuesto es de medio Salario Base, que este año 2012 es la suma de C.360,600; por lo que el Impuesto sería de C. 180,300. Como la ley entró a regir el 1 de abril de 2012 este año el período es menor por lo que sería la suma de C.135.225. Inicialmente el cobro de dicho tributo se realizará a través del sistema Tasaban del Banco de Costa Rica, no obstante podrá a futuro autorizarse a otras entidades o instituciones, para que lo realicen. Para saber cuánto corresponde pagar, puede consultarse con la cédula jurídica en esta página.
2.- INACTIVAS: Las sociedades que se hayan registrado como inactivas ante Tributación antes del 1 de abril de 2012, pagarán un 25% de un Salario Base; por lo que este año este Impuesto sería de C.90,150. Como la ley entró a regir el 1 de abril de 2012 este año el período es menor por lo que sería la suma de C.67,613. Cualquier inscripción luego del 1 de abril de 2012, regiría para el año entrante.
3.- PYMES: Las sociedades que se hayan registrado ante el MEIC como pymes antes del 1 de abril de 2012, según este vínculo, están exentas del Impuesto. Cualquier inscripción luego del 1 de abril de 2012, regiría para el año entrante.
4.- NUEVAS: Las sociedades que se constituyen, deben pagar el Impuesto proporcionalmente desde el día de presentación al Diario del Registro y hasta el último día del año 2012.
5.- PLAZO: El plazo para pagar es los primeros 30 días naturales del año. Este año 2012, por la fecha de vigencia de la ley, va del 1 de abril al 1 de mayo de 2012. Luego del 1 de mayo de 2012, se considerará la sociedad como morosa, con lo que se le suman intereses a la deuda. Actualmente el interés es de un 13,30% Luego de 3 períodos pendientes el Registro gestionará la disolución, pero la obligación de pago del impuesto subsiste, y se anotará sobre los bienes de la sociedad, para ejercer el privilegio de cobro de la hipoteca o prenda legal.
6.- SANCIONES: Si una sociedad no ha pagado este Impuesto, el Registro como Administración Tributaria, debe gestionar el cobro, y no permitirá la inscripción de ningún documento ni emitirá ninguna certificación de personería jurídica mientras esté morosa. Además, le aplican las multas por no presentar declaraciones (Medio Salario Base adicional), con sus reducciones (79 y 88 CNPT)
7.- DISOLUCIÓN Y NO ACORTAMIENTO DEL PLAZO: Si la sociedad se va a DISOLVER y la gestión se concluye antes del 1 de julio de 2012, por única vez y solo este año, NO pagará el Impuesto. La reducción del plazo inicialmente no estaba exenta del Impuesto y no exoneraba de que deba seguirse pagando, a pesar de la obvia dificultad práctica de notificar una sociedad de plazo vencido. Como dijimos, esto era disputable ya que el Código de Comercio y la circular del Registro que regula estos temas están en contradicción. Se ha modificado y la directriz 003-2012 ahora permite que ambas (disueltas y de plazo vencido) no paguen el Impuesto. Además, según una interpretación mayoritaria, si se trata de una fusión, sí pagaría el Impuesto (se exigiría a partir del 1 de mayo 2012)
8.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Cualquier movimiento sobre una sociedad (incluida la disolución), debe pagar los derechos de Registro por C.36,060 este año 2012.
9.- OBLIGADOS: Los obligados al pago son las sociedades mercantiles (anónimas, limitadas, en comandita, en nombre colectivo, e incluidas las S.A.L.), las E.I.R.L. y las sucursales o representantes de empresas extranjeras. Los condominios, fideicomisos, asociaciones, sociedades civiles, y otras personas jurídicas NO mercantiles, no están obligados a pagar este Impuesto.
10.-TRASPASO DE BIENES: Los bienes que se traspasen de personas jurídicas inactivas desde al menos 24 meses antes de la vigencia de la ley (1 de abril de 2010, aunque no está exigiendo el Registro este plazo tan extendido), a otras personas jurídicas (aún no inactivas) o a personas físicas, presentados al Diario del Registro antes del día 1 de octubre de 2012, estarán exentos de timbres e impuestos, por una única vez. La exención no cubre el Impuesto a las personas jurídicas que sí debería pagarse.
11.- RENUNCIA DE REPRESENTANTES: La renuncia de representantes legales (no incluye otros miembros del Concejo de Administración si no tienen poder de representación) es posible pero debe presentarse al Diario del Registro de Personas Jurídicas antes del 1 de abril de 2014 que se inscribirá independientemente del pago o no del Impuesto de la sociedad a cuya representación renuncia y sin que se deban nombrar sustitutos. Los derechos arancelarios son de C.2,000 únicamente.

NOTICIA: Cinco recursos ante Sala IV pretenden frenar cobro de impuesto a sociedades Aparentemente dos de ellas ya fueron resueltas rechazándolas de plano, ver aquí

10 abril, 2012

Fumado en Condominios

La Administración debe poder dar respuesta a estas interrogantes.
La nueva Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (ley 9028), de reciente publicación y que ha derogado la anterior ley de regulación del fumado (ley 7501), pretende crear espacios físicos y sociales libres del humo del cigarrillo como una forma de reducir su consumo, representando la faceta más socialmente aceptada de la peligrosa búsqueda de la salud pública, que tantas muertes ha causado en los regímenes totalitarios. Aunque claro, el fumado ha causado más muertes.
La aplicación en condominios es algo oscura ya que no los menciona en concreto. Excluye por un lado de la aplicación de la ley a las casas destinadas exclusivamente a la habitación, sin indicar si son casas de habitación en general o su propia casa (del trabajador), en el artículo 4 inciso d. Claro que si la casa es además el centro de habitación la prohibición aplicaría aparentemente a toda la casa.
Expresamente se prohíbe el fumado en los centros de trabajo y sus lugares anexos (artículo 5, inciso b), lo que abarcaría sin lugar a dudas las bodegas y oficinas de administración y del personal del condominio. La Administración tiene el deber de conminar a la persona que está fumando en tales lugares, a que cese su conducta, bajo pena de exponerse por la comisión de una infracción a una multa específica (artículo 5 al final)
Los centros comerciales sí están claramente mencionados, incluyendo cierto tipo de locales como casinos, clubes nocturnos, discotecas, bares, cafeterías y restaurantes (artículo 5 incisos f y n).
Hace mención de la prohibición en cuanto a espacios reducidos de uso público, que pareciera abarcar servicios sanitarios de menos de cinco metros cuadrados. A pesar de que parece obvio para nuestros días, no menciona los servicios sanitarios, madriguera de los fumadores hace unos veinte años. Hace una definición de espacios cerrados al inicio (artículo 4 inciso f), que no utiliza en la ley ni que indica como prohibido el fumado en lugares cerrados.
Impone a los responsables de espacios públicos o privados catalogados como sitios prohibidos para fumar la obligación de rotular esas áreas, sin embargo expresamente lo remite al Reglamento a la ley que será publicado (artículo 6). La omisión de este deber de rotulación se sanciona con una multa de un 15% de un Salario Base (en 2012, esta multa sería de C. 54,090), artículo 36, inciso b.
Otra multa que interesa es la que se impondría a quienes permitan fumar en lugares privados, que sería de un 50% de un Salario Base (en 2012, esta multa sería de C. 180,300), aunque el posible autor es muy amplio, abarcando (entre otros) administradores, fiduciarios, apoderados y personas físicas con facultad de decisión. Este tema, relacionado con la tipicidad penal (precisión del posible responsable) sería interesante que fuera analizado por la Sala Constitucional), artículo 36, inciso c, subinciso i.
En términos generales posiblemente lo más sensato sea aplicar desde ya las prohibiciones que están muy claras como las referidas a centros de trabajo y centros comerciales, rotulando esos espacios y poniendo en práctica la prohibición. Luego, esperar el Reglamento a la Ley (y la coordinación con el Convenio Marco ya aprobado) antes de avanzar hacia áreas menos claras como los jardines y espacios abiertos de los Condominios (salvo los destinados a menores de edad, por el inciso ñ) o bien los espacios que estando techados, no tienen paredes, lo que no los hace calificar de espacio cerrado según la Ley.
Resulta curioso que no se menciona que existan áreas de fumado, ni que se deban identificar como tales. El texto pareciera querer prohibir el fumado en todo sitio, pero se amarra a sí misma la ley al señalar expresamente en qué lugares no se puede fumar, dejando espacio a la interpretación de que en el resto sí se puede. Posiblemente haber hecho una lista de los lugares en los que sí se puede fumar hubiera dado mejor resultado para los objetivos de la ley. Quizás ese será el lugar por dónde la práctica hará que algunos aspectos de la ley queden como letra muerta, que es, lamentablemente, uno de nuestros más presentes elementos en el folklore legal. Es el lugar por donde se reconcilian la disciplina y el pobrecito.