Incidentes de seguridad

En un condominio pueden suceder diversos incidentes de seguridad y es importante que ante ellos la administración sepa cómo reaccionar.

1.- Reporte formal de la seguridad y otros participantes

Ante cualquier evento que suceda en las áreas comunes o incluso en áreas privadas pero con relevancia como para que la seguridad tenga conocimiento de ello, lo primero es que haya prontamente un reporte formal de esta empresa a la administración con suficiente detalle sobre lo sucedido. No puede darse la situación en que la administración se entere de lo sucedido por otro condómino. Si no hubo ese reporte debe dejarse constancia de ello a la seguridad como parte de la supervisión. 

Un proveedor de servicios de seguridad diligente contará con un libro de registro de las actividades o novedades del puesto, a pesar de que no sea exigido formalmente a la Seguridad Privada por cuanto es un deber que consta en la Ley 7410 del 26/05/1994, Ley General de Policía, en el artículo 8. Por eso es importante hacer constar esta obligación en el contrato, para que se cuente con cuadernos, bitácoras o registros en los cuales anotar lo que se haya pactado y todo incidente relevante a la seguridad.

Si hubo otros participantes, ya sea Fuerza Pública, Primeros Auxilios Médicos o hasta testigos, debe poder tenerse un respaldo escrito de lo sucedido de cada uno de ellos.

2.- Las recomendaciones

La empresa de seguridad es un proveedor especializado en la prestación de un servicio por lo que se espera que pueda dar recomendaciones técnicas sobre cómo manejar el evento y medidas para reducir la posibilidad ya sea de que se repita o de que se den riesgos que pueda implicar el evento. La administración debe solicitar esas recomendaciones formalmente al proveedor.

3.- La investigación interna y posible traslado de cargos

Con los reportes obtenidos deberá la administración por su parte investigar y determinar si se reúnen elementos para iniciar un debido proceso tendientes a sancionar a alguna persona. El primer paso de todo proceso sancionatorio es este traslado de cargos inicial tendiente a la apertura de este proceso disciplinario. 

Podría suceder que el traslado de cargos de elementos para considerar que no hay mérito para un traslado de cargos o que, incluso, la prueba misma aconseje no hacerlo. 

En ese evento la administración podrá archivar el caso.

4.- Escala a otras instancias

En caso más bien de que se determine que el caso encuadra en supuestos delictivos, violencia doméstica, maltrato animal, agresión a menores de edad, agresión o maltrato a adultos mayores, riesgos a la salud como intoxicaciones, conato de incendio, o situaciones migratorias, deberá de inmediato asesorarse por profesionales competentes en el manejo de la situación y sus deberes de denuncia y conservación de objetos y de la escena.

Siempre será conveniente informar a la Junta del condominio y si el caso lo amerita a otros grupos de condóminos. Esta información debe hacerse con mucho cuidado para proteger privacidad de los residentes y hasta su seguridad.

Portación de armas en condominio

Normalmente cuando tratamos el tema de portación de armas en condominio lo analizamos desde la perspectiva del personal de seguridad, sin embargo no son los únicos que puede portar armas. 

Es un derecho ciudadano establecido en la ley 7530 del 10/07/1995, Ley de Armas y Explosivos, artículo 2, que puede ser restringido. No existe un derecho constitucional irrestricto a la portación de armas, sino que “...se está ante una actividad que sí es susceptible de causar daños a terceros, por lo que el Estado puede legítimamente regularla. Es así como se reconoce el derecho de rango legal a portar y utilizar armas, con fines de seguridad y de defensa.” Res. Nº 2009014020

Tengamos presente además que ya ha desaparecido (aquí) la prohibición que hubo durante un tiempo para la tenencia de armas en condominio por parte de la seguridad y ya no se exigen los estudios de riesgos. 

Las regulaciones incluyen:

1. Las personas físicas deben inscribir las armas de fuego en el Departamento de Control de Armas y Explosivos. En el caso de las personas jurídicas, solo se inscribirán armas para brindar servicios de seguridad privada. (art. 23)
2. Las personas físicas únicamente podrán inscribir dos armas de fuego para que sean utilizadas en su seguridad personal, la de su familia y su patrimonio (art. 23)
3. Las inscripciones de las armas permitidas se darán por un plazo de seis años; dicha inscripción se podrá prorrogar por períodos iguales de manera indefinida, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y el reglamento. (art. 23)
4. Hay personas que están excluidas de ese derecho como condenados a cárcel, menores de edad y personas con medidas de protección por conductas de violencia doméstica, conforme a la Ley N.° 7586, Ley Contra la Violencia Doméstica, de 10 de abril de 1996. (art. 7)
5. Hay armas de fuego prohibidas como las que, con una sola acción del disparador, proyecten sucesivamente (en ráfaga) más de una ojiva. (art. 25)
6. Salvo los miembros de las fuerzas de policía, toda persona autorizada para portar armas, deberá llevarlas en la forma menos visible y riesgosa. (art. 38)

Quien tenga conocimiento de una infracción debe denunciarla a las autoridades, en específico al Departamento de Control de Armas y Explosivos de la Dirección General de Armamento, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública.

Ahora bien, de todas estas y otras obligaciones relativas a la portación de armas, ¿cuál le corresponde vigilar a la administración?

El deber de la administración es (artículo 30, Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio): velar “por el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y el reglamento”.

A los condóminos se les impone este deber (artículo 15 misma ley): “No podrán efectuar acto ni incurrir en omisión que perturbe la tranquilidad de los demás propietarios o comprometa la solidez, seguridad, salubridad o comodidad del condominio.”

Ante esta infracción deberá acudirse ante el Juez Civil para la imposición de la multa de un Salario Base al presunto infractor, pudiendo solictarlo la administración o un propietario.